XXII CONGRESO NACIONAL COMUNAL
POPAYAN 15-18 de Octubre de 2010
BORRADOR DOCUMENTO FINAL
1. Presentación.
La acción comunal es la forma de organización primaria más extendida y sólida existentes en veredas y barrios del territorio nacional constituyendo un tejido y voluntariado social de mucha importancia. Existen en Colombia cerca de cincuenta y cinco mil juntas con unos seis millones de afiliados agrupadas en mil trescientas asociaciones municipales y locales, treinta y tres federaciones departamentales y de ciudades capitales y una única Confederación Nacional.
Los Congresos Nacionales son nuestros espacios de análisis, reflexión y pronunciamiento social y político. Los realizamos cada dos años.
Somos defensores del Estado Social de Derecho consagrado en la Constitución Política de 1991, enemigos por naturaleza y por convicción de toda forma de violencia de cualquier origen.
De conformidad con las conclusiones de nuestros congresos, históricamente hemos propugnado por un Estado social-solidario en el que prime el trabajo sobre el capital; el capital productivo sobre el especulativo; la producción nacional para garantizar la soberanía alimentaria sobre la producción para el mercado internacional; el mercado interno sobre el multinacional; la economía social y solidaria; la globalización de la ciencia y la tecnología en todo el mundo sobre la globalización de los mercados; la democracia participativa sobre la representativa; el mandato programático sobre todos los candidatos a cargos de elección popular; la planeación y los presupuestos participativos; la primacía del ambiente y de los intereses presentes y futuros de la población sobre la explotación indiscriminada y destructiva de los recursos naturales; la protección de los más débiles; los servicios públicos y sociales como derecho y no como negocio y en general la primacía de los derechos económicos, sociales, políticos, colectivos y fundamentales como razón de ser de todo Estado y garantía de la convivencia, la paz y el desarrollo socioeconómico con equidad social.
3. Diagnóstico económico.
a) Contexto internacional:
En nuestro mundo globalizado a partir de los intereses del gran capital, toda reflección sobre la situación económica, social, política y ambiental debe partir del contexto internacional.
El nivel de desarrollo tecnológico y científico en el mundo de hoy, da para garantizar una supervivencia digna a toda la población con el mínimo esfuerzo físico, liberando el tiempo para el conocimiento, la recreación y el goce individual y colectivo, pero esto no sucede por cuanto esos grandes avances técnicos y científicos están controlados por los grandes capitales quienes solamente los liberan a cambio de insaciables ganancias.
Ese conocimiento y esas patentes en manos de unos pocos se han convertido en fuerte látigo contra la mayor parte de la humanidad tanto de los países pobres y subdesarrollados como de los mismos pueblos de países desarrollados por cuanto en vez de reducir la dureza del trabajo con mejores ingresos y beneficios para todos, ha conducido a que la tecnología desplace a los trabajadores o destruyan a las pequeñas y medianas industrias con lo que pierden sus ingresos millones de personas y en consecuencia su capacidad de compra llevando a la humanidad de hoy a un círculo absurdo de pobreza y crisis en medio de la abundancia y posibilidades infinitas de producción. Solamente existen dos caminos: o se libera la ciencia y la técnica en beneficio de todos los pueblos del mundo mejorando sus condiciones de trabajo y de vida lo que implicaría un desprendimiento generoso por parte de las grandes multinacionales, lo que es poco probable o los pueblos y países más afectados reconstruimos nuestras economías a partir de la recuperación de nuestros mercados internos y regionales restringiendo la competencia desleal de los países industrializados. Pareciera una opción autárquica, pero es la realidad a la que nos ha llevado el gran capital internacional.
Colombia no se podía escapar a esta crisis internacional y hoy nuestra economía y el goce de los derechos para el conjunto de la población evidencia un retroceso de por lo menos dos décadas como podremos deducir del siguiente diagnóstico.
b) Contexto nacional:
La situación económica y social es bien complicada. Analicemosla por las cifras, plenamente verificables:
· Cerca del 13% de nuestra población está en el desempleo siendo la estadística más elevada de América Latina;
· Después de varios años negativos, existe una tendencia de crecimiento del PIB hacia el 4 y 5%, jalonado principalmente por el petróleo y la minería por lo que no resuelve los problemas de empleo.
· Cerca de un 37% de nuestra población está en el subempleo, igualmente el más elevado de América Latina. Es una estrategia que ha impuesto el gran capital nacional e internacional para evadir estabilidad y responsabilidades laborales.
· Colombia es el País más inequitativo en la distribución de la tierra en el mundo: (Según el Instituto Agustín Codazzi, 2.428 propietarios poseen 44 millones de hectáreas que equivalen al 53.5%. del territorio nacional, mientras que 1.3 millones de propietarias no poseen un millón de hectáreas, lo que da más de un 65% de población campesina en la pobreza y un 18% en la indigencia.
· Somos el País más inequitativo en la distribución del ingreso en América Latina( índice de ginis del 57%).
· Según las estadísticas del propio Estado, más del 46% de la población está en la pobreza y el 17% en la indigencia, es decir, más de , 20,5 millones de colombianos son pobres y 7,9 millones, indigentes.
· Durante los últimos quince años los trabajadores han perdido más de diez puntos de sus ingresos frente a los empleadores, (según el profesor Ricardo Bonilla de la Universidad Nacional).
· Más de tres millones de desplazados por el conflicto armado durante los últimos quince años ocupando uno de los deshonrosos primeros lugares en este flagelo en el mundo. Otro porcentaje importante de desplazados también lo es por problemas económicos y ambientales, quienes no se contabilizan en esta estadística.
· En el campo agroalimentario seguimos importando cerca de ocho millones de toneladas de alimentos que representan un 57% del consumo nacional mientras que las políticas agropecuarias se orientan principalmente a apoyar la agroindustria a partir de la palma, el caucho, el cacao y los biocombustibles para la exportación
Mientras que el sector financiero declara ganancias anuales promedio de ocho billones, lo que es un crecimiento muy exagerado con las tasas de interés mas elevadas del mundo.
· Tenemos a un sector productivo en crisis por efectos del modelo salvaje de libre mercado y también por la revaluación del dólar.
La revaluación del dólar puede tener varias causas como: la masiva entrada de divisas al País detrás de las ganancias especulativas del sector financiero; el ingreso de dólares atraído por la minería; la libre circulación internacional del capital especulativo y el lavado de dólares por efecto de los negocios ilegales y de narcotráfico, entre otras causas.
· De otra parte, mientras que la Nación recibe cada cuatro años veintiocho billones de pesos por regalías de las explotaciones mineras, las multinacionales se llevan 27 billones en exenciones tributarias.
En síntesis en el campo económico hoy tenemos un modelo de desarrollo agroindustrial y extrativista en la perspectiva del mercado internacional sin claras posibilidades para el desarrollo industrial manufacturero que es el que genera empleo y equidad social, lo que significa que en materia de desarrollo socioeconómico hemos retrocedido cerca de treinta años.
· En el campo fiscal preocupa que el presupuesto nacional mantenga un déficit de cerca de veinte billones de pesos, mientras que las finanzas públicas se sustentan fundamentalmente en los impuestos indirectos que afectan por igual a toda la población sin consideración de su situación real.
· En el campo ambiental, las variaciones bruscas del clima causadas por el deterioro mundial del ambiente, hacen que cada vez sean más intensos los veranos o las lluvias con impactos más destructivos ante la deforestación incontrolada de la región Andina y la Amazonía.
La mayoría de nuestras cuencas acuíferas están concesionadas a multinacionales para la explotación de minería, muchas a cielo abierto con muy seria amenaza para la sostenibilidad ambiental y el suministro de agua a los centros poblados del País.
Igualmente preocupa la deforestación de la Amazonía tanto colombiana como peruana, ecuatoriana y brasilera. En Perú, por ejemplo se ha concesionado más del 70% de la amazonía a compañías petroleras, todo lo cual es una amenaza directa al suministro de agua hacia la región andina que en parte importante se alimenta de las aguas procedentes de la amazonía.
· En el campo social se identifica la profundización de la incertidumbre de sectores mayoritarios de la población ante la falta de perspectivas económicas y sociales (más del 80% de personas se desvela o está enferma mentalmente por esta causa) ; preocupa el incremento de la violencia social y ciudadana, ya en la media nacional con homicidios por encima del 40 por cien mil y en algunas regiones como el Valle del Cauca por encima del 60% por cien mil. En el mismo sentido encontramos un debilitamiento de las organizaciones sociales, en su mayoría en los límites de su propia supervivencia por las difíciles condiciones que deben afrontar en medio del deterioro social y la falta de apoyo decidido del Estado para su fortalecimiento.
En este campo reconforta como un paso hacia delante el CONPES 3661 de 2010 sobre organizaciones de acción comunal, siempre que exista voluntad del gobierno nacional y de los territoriales para su cumplimiento.
· Si bien hoy se registra una alta cobertura nacional superior al 90% en servicios públicos, esto se ha logrado a un elevado costo para la población. De hecho hoy los estratos dos tres y cuatro pagamos igual o más dinero por las recibos de los servicios públicos que por comida con el agravante de que si no se cancelan las facturas inmediatamente se suspende el servicio por lo que hoy estas tarifas se han convertido en la cadena moderna de esclavitud para sectores mayoritarios de la población por parte del capital internacional que controla su prestación.
En síntesis en el campo social y de derechos económicos sociales y colectivos, las privatizaciones y la globalización han liquidado o fracturado de manera grave la mayoría de derechos laborales, de salud, educación y de servicios públicos en general.
· En el campo político, no obstante que la Constitución Política de Colombia en su artículo 3 da prelación a la democracia participativa, en la práctica sigue imperando la democracia representativa siendo aún más fuerte en el ejecutivo quien en última instancia propone y decide sobre los aspectos fundamentales económicos sociales y de la administración pública local, departamental y nacional.
En realidad asistimos a una verdadera dictadura del ejecutivo en contra de las propias corporaciones públicas y de la democracia participativa.
Las elecciones siguen siendo dominadas por las maquinarias políticas nacionales y regionales a partir del dinero, el poder y los medios de comunicación masiva con pocas opciones para propuestas decentes y sectores populares realmente alternativos.
El Congreso de la República y en general las instancias de democracia representativa siguen siendo las instituciones más desprestigiadas ante la opinión nacional en parte importante por la ingerencia de dineros sucios y la relación con actores armados ilegales, lo que es una vergüenza histórica ante el mundo.
· En cuanto al conflicto armado, si bien de una parte se puede registrar la desmovilización de importantes actores armados ilegales, como grupos de autodefensa, al parecer los esquemas estructurales y su relación con el poder económico regional y de la tierra siguen muy fuertes, pues se intensifica la violencia contra dirigentes sociales en donde se trata entregar o de proteger la tierra a los campesinos o legítimos propietarios históricos.
De otra parte pareciera que existe un gran debilitamiento de las guerrillas por la acción persistente y de alta tecnología de las fuerzas armadas del Estado. Quisiéramos que este conflicto se superara definitivamente para bien del presente y futuro del País, sin embargo de nada serviría liquidar o lograr la desmovilización de estos actores armados si el deterioro económico, social y la inseguridad ciudadana siguen generando nuevos conflictos y formas de violencia en campos y ciudades.
· En materia de derechos humanos, además de reiterar que los derechos económicos sociales, colectivos y ambientales han sido seriamente menoscabados por el modelo de desarrollo vigente, específicamente en el campo de los fundamentales, Colombia sigue registrando en los informes de las organizaciones sociales, defensoras y defensores de derechos humanos y de la comunidad internacional graves violaciones al libre derecho de asociación y a la protección de los derechos. Durante el presente año van más de treinta dirigentes comunales asesinados por el ejercicio de su actividad comunal y otro tanto de dirigentes sindicales y de otras organizaciones sociales y defensoras de derechos humanos.
En el caso particular comunal, consideramos que es la organización con mayor afectación en los derechos de sus integrantes como que más de la mitad de los cerca de cuatro millones de desplazados durante los últimos quince años estaban afiliados a una junta de acción comunal. Sigue siendo muy elevado el asesinato de dirigentes comunales con el problema de que por ser gente humilde no es visibilizado por las propias organizaciones ni por los defensores de derechos humanos.
4. Causas estructurales de los problemas
Es cierto que muchos de los del problemas del País se pueden explicar y justificar por la violencia política que azota a Colombia durante muchos años, pero esta puede ser parte de la verdad, por que, de una parte la inequidad retroalimenta la violencia y de otra parte no se puede ocultar la responsabilidad de un modelo de desarrollo depredador e insaciable en beneficio del gran capital, ni de élites gobernantes que siempre se benefician de la paz o de la guerra, de las bonanzas o de las crisis teniendo la astucia e inteligencia de convivir y supervivir durante muchos decenios en medio de estos altibajos, los que aceleran o detienen según sus intereses.
La inteligencia de estas élites les debe servir para comprender la gravedad de la situación económica y social del País y ceder sustancialmente en su arrogancia y en parte de sus privilegios contribuyendo a construir con todos los colombianos un mejor futuro con justicia social y equidad. Si no es así el futuro seguirá incierto para todos.
5. El nuevo gobierno Santos-Garzón.
Iniciativas del Gobierno Santos-Garzón, como la Ley de tierras y de víctimas y el nombramiento de un Ministro de Agricultura progresista en estos temas; el mejoramiento de las relaciones con los países vecinos y la inesperada reacción a favor del presidente Correa en la reciente crisis ecuatoriana, pues su iniciativa fue fundamental en la convocatoria inmediata de la solidaridad continental; un vicepresidente que ya posesionado ha reafirmado su compromiso con los sectores sociales y en especial con los comunales, son indicaciones para comprender que la coyuntura del nuevo Gobierno debe ser bien comprendida para fortalecer nuestras organizaciones en la perspectiva de consolidar la democracia participativa y la firme construcción de un mejor de futuro.
Nuestras organizaciones comunales en la base social y ciudadana tenemos la estructura organizativa, la capacidad y la experiencia para dar un aporte sustancial en este proceso.
6. Retos del presente Gobierno.
Como se puede deducir, los retos del nuevo gobierno y del País son enormes si de verdad se quiere avanzar por los caminos del Estado Social de Derecho pluralista, democrático y participativo que establece la Constitución Política de Colombia.
El primer gran reto es reconocer la cruda realidad y convocar de manera franca, amplia y abierta a toda la población desde los diversos sectores y regiones para construir alternativas colectivas en el marco de la democracia participativa y de un concepto de desarrollo biotecnológico y agroindustrial teniendo como eje la soberanía alimentaria; la soberanía nacional sobre el suministro de los servicios vitales y la plena vigencia de los derechos económicos, sociales, colectivos, políticos y fundamentales para todos..
Consideramos que resolver nuestros graves problemas pasa también por intervenir sobre la concentración de la tierra, de la riqueza y del ingreso; sobre el sector financiero y el gran capital nacional e internacional. Estará el presente Gobierno en disposición de hacerlo por lo menos moderadamente?. Si es así cuenta con nosotros y con muchos otros sectores mayoritarios de la población.
De todas maneras el mejor mecanismo es la construcción colectiva de estas perspectivas de futuro, en torno al Plan Nacional de Desarrollo y los presupuestos.
La legitimidad que dan las elecciones no es suficiente como para tomar decisiones de tanta incidencia en la población sin su participación consciente y organizada; y por que seguiremos reivindicando que la democracia participativa debe prevalecer sobre la representativa, como claramente lo establece la Constitución Política en su artículo 3.
Algunas soluciones inmediatas a incluir en el Plan Nacional de Desarrollo y en general en toda la estrategia de Gobierno:
En materia de empleo:
· Recuperar el mercado regional con Venezuela y Ecuador y en general del área Andina que consume productos manufacturados generando empleo. Estados Unidos es el mayor mercado de Colombia pero principalmente de petróleo y productos minerales.
· Establecer líneas de crédito barato para fortalecer el turismo popular.
· Apoyar la reconstrucción de mercados locales y regionales. Los comunales hemos construido buenas experiencias con los mercados campesinos, las que se pueden replicar.
· Establecer controles a los supermercados de superficie de las grandes multinacionales.
· En materia de subempleo se debe eliminar totalmente la intermediación laboral de las cooperativas de empleadores que liquidan los derechos y permite alta especulación de los intermediarios. Garantizar la plena vigencia de los derechos laborales a los trabajadores.
· Apoyar al sector productivo por lo menos con crédito barato, tarifas preferenciales en servicios públicos y apoyo tecnológico
· Dar un fuerte apoyo a las formas de economía social-solidaria o por especialidades en las que se unen pequeños o medianos productores para que accedan solidariamente a tecnología, crédito y mercado nacional e internacional para lo cual se deben tomar las experiencias de los PRODES muy exitosos en muchos países.
No puede existir mejor estrategia para generar empleo e ingresos en la población y estimular el desarrollo que estas formas de economía social-solidaria las que merecen un capítulo y recursos superiores a un billón de pesos en el Plan Nacional de Desarrollo.
· Apoyar técnicamente a la agricultura con la destinación de las mejores tierras a la producción para el consumo con créditos baratos, seguros de cosecha y mejoramiento de vías intermunicipales e interveredales.
· Popularización de la ciencia y de la tecnología a partir de centros de apoyo tecnológico, profundizando iniciativas del SENA.
En materia de tierras y ambiente:
· Consideramos que el proyecto de Ley de tierras que pretende restituir cerca de dos millones de hectáreas para los campesinos, está bien intencionado, sin embargo, en primer lugar se debe garantizar que esas tierras se destinen a la producción agroindustrial para la soberanía alimentaria con planes integrales de crédito, tecnología, seguros de cosecha y comercialización a los productores. De otra parte, Colombia necesita mucho más que dos millones de hectáreas para recuperar su capacidad de soberanía alimentaria y crear condiciones favorables para la exportación sostenible.
· El Estado no puede ser indiferente ante la compra o arriendo masivo de tierras por parte de grandes empresas extranjeras incluidas la China, pues son tierras que se le quitan a la producción de interés nacional y se colocan en fusión de los mercados internacionales. Debe existir restricción a estas compras.
· Se debe avanzar en un verdadero proceso de reforma agraria que entregue las mejores tierras a la producción para los intereses nacionales y solamente a partir de allí, acumular tecnología y capital regional y nacional para la para la exportación.
· Igualmente se deben reconsiderar las concesiones otorgadas a multinacionales para la explotación aurífera y minera pues además que es desplazan tierra para la agricultura, deterioran gravemente el ambiente. Por eso debe prevalecer el principio de que es más importante la vida y la salubridad de la población y el ambiente sano que la explotación de una mina por importante que sea, al final solamente se lucran las multinacionales pues las regalías que deja a la Nación son mínimas amen de que no existen posibilidades reales de control sobre sus verdaderos volúmenes de producción.
· Se deben fortalecer las zonas de reserva campesina; las zonas de reservas indígenas y afrocolombianas bajo el concepto integral del territorio como un todo geográfico, ambiental, poblacional y ambiental y no como la simple entrega aislada de tierras a las personas o familias.
· Se debe elevar la tasa de retorno de las empresas de servicios públicos al ambiente.
· Se debe controlar las burocracias de las corporaciones ambientales regionales.
· Se debe establecer que los recursos de las corporaciones ambientales regionales se ejecuten a partir de programas y proyectos construidos con las respectivas comunidades del entorno controlando lo mejor posible la dilapidación de estos recursos.
· Se debe promover la rearborización con especies nativas y prohibir las confieras y plantaciones exóticas que deterioran el ambiente.
· Se debe penalizar la contaminación de las aguas y la quema hasta el punto de la expropiar a los culpables.
· Se debe desarrollar campañas permanentes por la no quema y por la construcción de reservorios de aguas urbanos y rurales para detener aguas en épocas de lluvia para paliar las sequías al parecer cada vez más devastadoras.
· Se debe restringir e incrementar impuestos a jabones y productos químicos no biodegradables.
· Se debe avanzar en un pacto por la protección y recuperación de la amazonía con los países vecinos, como compromiso inaplazable.
· Se deben apoyar los proyectos de Ley ambientales que cursan en el Congreso de la República que tienden a establecer controles reales a las explotaciones mineras impidiendo radicalmente todo deterioro del ambiente y de las cuencas acuíferas.
En el campo fiscal y financiero:
· Definitivamente Colombia debe avanzar hacia una reforma fiscal integral progresiva en la cual quien tiene más pague más, dando más importancia a este recaudo directo.
· Se deben eliminar todas las exenciones fiscales. En especial al gran capital nacional e internacional.
· Se debe prohibir la libre circulación de capitales golondrinas o capitales especulativos que entran y salen diariamente buscando la mejor tasa de ganancia. ( Argentina y otros países lo han hecho).
· Se debe controlar la exportación de capitales.
· Se debe volver a la banca pública de fomento agropecuario e industrial con por lo menos un billón de pesos por el cuatrienio. (De hecho los países desarrollados dan un elevado subsidio a los sectores agropecuarios y en general productivos).
Que hacer en el campo social:
· Sin lugar a dudas que las medidas económicas inciden mucho sobre lo social. A partir de allí, desde el Estado se debe recuperar el concepto sociológico humanista de que el principal capital para la convivencia y el desarrollo son el capital humano y el capital social. El humano representado en la calida técnica y humana de las personas y el social en sus formas relacionales y organizativas.
Se debe admitir que sin la construcción de confianzas interpersonal e interfamiliar desde la base de las comunidades es imposible la convivencia y con ella el desarrollo sostenible y la protección del ambiente.
El verdadero desarrollo socioeconómico con sustentabilidad social y ambiental lo construyen las comunidades, los pueblos a partir de sus propias formas organizativas, de la planeación y del conocimiento colectivos, razón por la cual el Estado debe apoyar sin restricciones a todas estas formas organizativas de las comunidades, respetando sus identidades y su autonomía como lo establece el segundo inciso del artículo 103 de la Constitución Política de Colombia.
El Estado ni los partidos políticos pueden seguir considerando a las organizaciones de la comunidad como simples instrumentos funcionales, utilitaristas o de uso para sus intereses transitorios. Por el contrario les deben valorar como actores fundamentales de construcción de confianza ciudadana, convivencia y desarrollo socioeconómico, sin las cuales es imposible avanzar en esta perspectiva.
Por eso, el Plan Nacional de Desarrollo debe destacar todo un capítulo al fortalecimiento de la confianza ciudadana a través de sus diferentes formas organizativas para lo cual debe establecer programas y recursos sustanciales, no marginales como hasta hoy. Entre estos programas pueden estar.
· Programas y proyectos de formación ciudadana para el ejercicio de los derechos económicos sociales y colectivos.
· Programas y proyectos para el fortalecimiento organizativo.
· Programas y proyectos para fortalecer la conciliación comunal.
· Programas y proyectos para la producción y emisión de comunicaciones escritas, radiales y de video para socializar estas políticas.
· Programas y proyectos para fortalecer el ejercicio del mandato programático y la planeación participativa a través de las organizaciones comunales.
· Programas de formación en derechos humanos y derechos económicos, sociales, ambientales y colectivos.
· Programas de protección en derechos humanos.
Por que a la reconstrucción del tejido merece la mayor atención y apoyo desde el Estado, para estos propósitos el Plan Nacional de Desarrollo debe aprobar por lo menos un billón de pesos ejecutados conforma las políticas, los programas y proyectos aprobados por las respectivas organizaciones de las comunidades y de la población en general.
En vivienda:
El déficit de vivienda en Colombia sigue siendo muy elevado, (cerca de dos millones de viviendas según Camacol), sin embargo no se resolverá mientras el Estado mantenga la estrategia de resolverlo favoreciendo al sector financiero hacia el cual inducen a las familias a través de los subsidios los que en lo fundamental se giran a planes de vivienda nueva articulados con los bancos.
Se debe dar un giro total y volver a la estrategia de la autoconstrucción a través de nuestras organizaciones a partir de planes a los cuales se giren directamente los subsidios y se den otras prerrogativas desde los municipios en el uso de la tierra y acceso a servicios
De otra parte se deben reformular totalmente los planes o esquemas de ordenamiento territorial de los municipios que han inducido al crecimiento de los centros urbanos establecidos que benefician principalmente a los hipermercados que requieren concentradas grandes masas de consumidores.
En el marco de una política integral de redistribución de población en el territorio, se deben concebir poblaciones en nuevos territorios en los que sean sostenibles unidades mínimas de servicios públicos y sociales de naturaleza solidaria y se garanticen los anillos ambientales, alimentarios, de desarrollo y empleo.
En Colombia nos debe interesar la redistribución de población y con ella la reconstrucción de nuestra agroindustria y manufactura.
En servicios públicos:
· En este campo es necesario seguir avanzando con la conciencia ciudadana sobre la comprensión de que los servicios públicos y sociales vitales ( agua energía, vivienda, salud, educación) son derechos que debe garantizar el Estado a un costo accesible para todos que no puede ser superior a sus costos reales de producción y distribución y con subsidio para quienes por su cuentan no los puedan pagar. Es una tendencia internacional de los sectores humanistas que con estos servicios vitales no se puede permitir negocio alguno. Así lo hemos dicho los comunales siempre y en esa perspectiva debemos seguir.
· Debemos seguir construyendo en la conciencia ciudadana la necesidad de volver a la propiedad pública y comunitaria con control social sobre estas empresas ( de hecho Paris re-estatizo la empresa de aguas). Este gobierno estará en disposición de dar pasos en este sentido?. Ojala que sí.
· Por el momento el mayor incremento de las tarifas se debe a que las empresas le endosan el ensanchamiento de las respectivas instalaciones. En este sentido el Gobierno puede establecer que esos costos deben ser financiados por las empresas mediante mecanismos diferentes a este incremento el que al final se queda capitalizando a las empresas por lo general privatizadas.
· Se debe trabajar por una concertación nacional de las estructura de las tarifas de servicios públicos con costos reales.
· Este gobierno debiera apoyar el referendo del agua en su iniciativa original ciudadana. Los comunales lo seguiremos haciendo.
· En el Plan Nacional de Desarrollo debe existir una política y recursos de apoyo a las energías alternativas, estimulando técnicas urbanas y rurales de servicios públicos alternativos. Es muy peligroso para la soberanía nacional dependa totalmente de empresas extranjeras en la prestación de estos servicios.
En el campo político:
· Desde el Estado se debe fortalecer infinitamente la democracia participativa a partir de las diferentes formas de organización de las comunidades. Un buen instrumento constitucional para hacerlo hoy es estimular el ejercicio del mandato programático como derecho y deber ciudadano sobre los candidatos y elegidos de conformidad con los artículos 3, 40, 33, 103, 133 y 259 de la Constitución. Complementariamente se debe apoyar a las organizaciones de las comunidades para el ejercicio de la planeación y de los presupuestos participativos. Desde el Estado Nacional se deben apoyar institucional y económicamente a las organizaciones para que ejerzan este derecho en lo local pues este apoyo en lo local es incierto o cuando se da es muy condicionado.
· En este sentido preocupa que el Congreso en sus reformas políticas siga legislando para fortalecer sus partidos pero no se ocupe de estos temas fundamentales de la democracia participativa, los que deben ser objeto de una Ley especial que estamos en disposición de construir con el Gobierno.
· En el caso de los derechos humanos saludamos las intenciones del Gobierno Nacional en este tema en cabeza del señor vicepresidente de desarmar la palabra y de reconocer los derechos de los dirigentes comunales, sociales y defensores de derechos. En especial para el caso comunal se requiere de un programa y recursos especiales ejecutados conforme lo proponga la organización.
· Saludamos la continuidad de la Mesa Nacional de Garantías e invitamos al Gobierno Nacional a que haga lo necesario para que se cumplan los compromisos establecidos en el marco de este proceso, lo que apoyará el camino hacia la construcción colectiva entre Estado y Sociedad Civil del Plan Nacional de Acción en D.H y D.I.H, en el marco de las resoluciones de las Naciones Unidas.
7. Sobre la Agenda legislativa
· Ley de tierras: Es bien intencionada esta iniciativa gubernamental, sin embargo se debe completar con programas integrales para los campesinos que retornen a sus tierras pensando en la recuperación de territorios integrales y destinándolas a la producción de interés nacional. Recomendamos mayor concertación con las organizaciones campesinas y comunales. Se debe incluir todas las tierras mal habidas y no solamente las que ubicadas en zonas de desmovilización de grupos de autodefensas. Se debe replantear la figura del tercer poseedor de buena fe.
· Ley de victimas: Es buena esta iniciativa. Es un gran avance que también se incluyan las victimas de actores estatales. La Ley en efecto debe partir del privilegiar los derechos de la victima sobre el victimario. El tope de la reparación económica no puede ser la administrativa y debe tocar los recursos del victimario.
· Ley sobre el principio de la responsabilidad fiscal: Es controvertida pues apunta a controlar principalmente el gasto social dejando intacto el mayor desangre del presupuesto como es el servicio de la deuda.
· Ley de regalías: Pareciera un raponaso a los municipios y departamentos que las reciben. Está bien alguna redistribución de regalías hacia los departamentos y municipios más pobres pero permitiendo un disfrute a los municipios y departamentos de origen eso sí con fuertes mecanismos de control ciudadano en su ejecución. Por unos corruptos no se puede condenar a toda la población de estos territorios.
· Ley sobre el primer empleo: Esta bien que se estimule el primer empleo pero con salario pleno y no a costa de las personas mayores de treinta años. Pues en la práctica los relega cuando establece salarios y sueldos para el primer empleo de un 75% sobre los normales. Así es una pauperización del empleo.
· Ley de reforma política: Ya dijimos que es una Ley autista en la que los partidos se siguen fortaleciendo a si mismos, ignorando a los ciudadanos y a la democracia participativa y directa. Es una vergüenza.
· Ley de ordenamiento territorial-LOT. Es una Ley urgente en los términos de la Constitución Política de 1991 y de las propuestas del profesor Orlando Fals Borda. Debe ser muy concertada con las regiones y sectores sociales.
8. El CONPES Comunal 3661 de 2010
El CONPES 3661 o CONPES comunal es un paso adelante en el reconocimiento del Estado sobre el papel fundamental de las organizaciones comunales para la convivencia y el desarrollo nacional. Tenemos la confianza de que el presente Gobierno contribuirá a su desarrollo y en esa perspectiva estamos trabajando conjuntamente hacia el Plan Nacional de Desarrollo. Por su parte desde las organizaciones comunales en lo departamental y municipal existen tres líneas principales de acción en este sentido a saber:
1. Actuar de inmediato sobre los proyectos de presupuesto para el año 2011 y sucesivamente todos los años durante los meses de Octubre y Noviembre, para que incluyan programas y proyectos para desarrollar las políticas del CONPES, rubros que deben ir con la expresión “ se ejecutarán con forme a propuestas de los actores interesados”.
2. En ejercicio del mandato programático “imponer” mandato en este sentido a los candidatos a ser elegidos en Octubre de 2011 y trabajar juiciosamente para que sus planes de desarrollo incluyan estos programas y proyectos.
3. Actuar sobre los gobiernos departamentales y municipales para que, en desarrollo del CONPES Nacional adopten políticas públicas locales y sobre las correspondientes corporaciones públicas para que expidan ordenanzas y acuerdos en el mismo sentido. Ya existen ejemplos importantes a ser replicados como en el departamento del Cesar.
9. El candidato es el plan de desarrollo ciudadano.
En el año 2011 de elecciones territoriales en Octubre, nuestra estrategia será “EL CANDIDATO ES EL PLAN”. Es decir, planes de desarrollo ciudadanos o “Trochas Ciudadanas”.
El eje de actuación política de nuestras organizaciones comunales en el marco de la democracia participativa, a partir de los municipios, será en torno a planes de desarrollo ciudadanos construidos de manera amplia y democrática con el liderazgo comunal y con amplia participación de los jóvenes y sectores educativos y de otros sectores de la población. Es una manera de desarrollar el mecanismo de soberanía popular y de democracia participativa más importante establecidos por la Constitución Nacional en sus artículos 3, 40, 103, 133 y 259 en cuanto establecen que todos los elegidos son responsables políticamente ante el elector de sus funciones y de sus compromisos y que los candidatos a Alcaldías y Gobernaciones deben inscribir un programa de gobierno a partir del cual deben construir su plan de desarrollo y los presupuestos.
La estrategia consiste en que desde nuestras organizaciones construyamos los sueños de futuro colectivo de cada municipio, convertidos en Plan de Desarrollo Ciudadano o programa que han de inscribir los candidatos. Igualmente los candidatos deben inscribir un acta de compromiso.
En este Plan de Desarrollo Ciudadano podemos incluir muchos programas y proyectos para fortalecer nuestras organizaciones, como
La consigna debe ser que ningún comunal ni mucho menos organización comunal apoye a candidatos que no hayan inscrito como su programa de gobierno nuestro Plan de Desarrollo Ciudadano y nuestra acta de compromiso.
De otra parte si es que en algunos casos ningún candidato se inscribe con estos compromisos, la Confederación se podría comprometer a conseguir los avales para los candidatos comunales surgidos de estos procesos.
Igualmente, desde el nivel nacional se puede apoyar este proceso con un modelo de Plan de Desarrollo Ciudadano y de acta de compromiso a ser ajustados a cada realidad local a partir de muchos talleres, foros y asambleas.
10. Invitamos al Gobierno Nacional.
A construir el Plan Nacional de Desarrollo en un amplio debate nacional desde las regiones y los sectores en la perspectiva del concepto de desarrollo que necesita el País. Este es el camino hacia una paz verdadera con justicia social. Las organizaciones comunales estamos listas a dar todo nuestro aporte a este propósito lo mismo que a construir con los gobernantes locales y departamentales de manera amplia y participativa los respectivos planes de desarrollo territoriales en el mismo camino.
En medio de nuestra profunda crisis con la mayor afectación para sectores mayoritarios de la población, es necesario avanzar por los caminos de esta construcción colectiva. El Gobierno Nacional no obstante la legitimidad que le da el haber triunfado en las urnas no puede ignorar a las mayorías nacionales en esta construcción colectiva.
POR QUE EL FUTURO SE CONSTRUYE CON ORGANIZACIÓN, PLANEACION Y CONOCIMIENTO COLECTIVO, ACCION COMUNAL EN EL CAMINO DEL FUTURO.
Popayán Octubre 15-18 de 2010.
