CONFEDERACION NACIONAL DE ACCION COMUNAL
ASAMBLEA NACIONAL 20-23 JUNIO DE 2009
BOGOTA
DECLARACION PUBLICA
La Asamblea estatutaria de la Confederación Nacional de Acción Comunal de Colombia realizada de manera libre, autónoma y soberana en el salón gobernadores de la Gobernación de Cundinamarca durante los días 20 al 23 de Junio de 2009 declara ante los comunales de Colombia y la opinión pública en general:
EN EL CAMPO ECONOMICO
Consideramos que la grave crisis económica mundial que hoy azota a los pueblos del mundo es responsabilidad principal de la avaricia desmedida de los grupos económicos que dominan el hemisferio, encabezados por el sector financiero que ante su gula desmedida por la concentración de riqueza y de poder han empujado a sectores mayoritarios de la humanidad de todos los países a la pobreza y a la miseria con resultados tan desastrosos como el divulgado durante la semana anterior por las Naciones Unidas en el sentido que más de mil millones de personas en el mundo hoy, es decir la sexta parte de la población aguanta hambre.
El Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial que han impuesto condiciones de desarrollo al tercer mundo tienen gran culpa en esta crisis, por eso, lo menos que podía hacer la banca multilateral hoy con Colombia es condonar la deuda pública a cambio de lo mucho que hacemos con la producción de oxigeno y en general en los temas ambientales.
Las organizaciones sociales de Colombia y el propio gobierno nacional debemos trabajar por un nuevo orden económico internacional que establezca límites al sector financiero declarando como crimen de lesa humanidad las ganancias irracionales a la vez que la utilización desmedida de las multinacionales por el control que ejercen sobre la ciencia, la técnica y las patentes. Se debe avanzar hacia la real globalización del conocimiento y el pleno acceso a su usufructo sin costo alguno por todos los países y pueblos del mundo.
En Colombia esta crisis mundial, a la vez que agudiza la pobreza y miseria en amplios sectores de la población registra en el otro polo la duplicación cada año de las ganancias del sector financiero como han registrando los medios de comunicación por declaraciones de los propios banqueros, lo que es una afrenta para la economía productiva y la población.
El Gobierno y el Estado a la vez que deben controlar la especulación del sector financiero que tiene hoy las tasas de interés más elevadas del mundo debe establecer líneas de crédito con intereses por debajo del diez por ciento o que solamente respondan a los costos reales de intermediación para apoyar sin medida a todo el sector productivo tanto del campo como de la ciudad y avanzar en una profunda reforma que establezca el carácter y la responsabilidad social y con el sector productivo de la banca.
De otra parte consideramos que antes de seguir estimulando y fomentando sin medida la apertura del mercado nacional para las multinacionales se debe desarrollar una fuerte política nacional hacia la recuperación del mercado interno nacional y de las regiones dando prioridad a nuestros productores con espacios exclusivos de comercialización y flotas de transporte subsidiadas de sus productos hacia los consumidores, para alimentar los mercados locales, regionales y nacional.
Por esta razón, por considerar que lo primero que debe hacer el Estado en la perspectiva del mercado mundial es recomponer el mercado, la industria la técnica y la ciencia nacionales en nuestro propio mercado, no compartimos los pretendidos tratados de libre comercio a ser firmado en términos inequitativos con Europa, Canadá y los Estados Unidos.
SOBERANIA ALIMENTARIA
Una vez más advertimos de las amenazas de una inminente crisis alimentaria por la imposibilidad de que en poco tiempo, por nuestra propia crisis fiscal, el País pueda importar alimentos y ante la falta de políticas urgentes de choque para reactivar la producción interna nacional para el consumo.
El principal indicador de soberanía de un País es la soberanía alimentaria. Por eso el Estado debe orientar todos sus esfuerzos a reactivar al sector productivo de alimentos, devolviendo las tierras a los desplazados que lo deseen con suficiente apoyo financiero, logístico e institucional; con reasignación de tierras, crédito, tecnología y apoyo a la comercialización. Por estas razones no estamos de acuerdo que muchas de nuestras mejores tierras se estén dedicando a la producción para el mercado exterior abandonando totalmente el nacional.
El Gobierno Colombiano debiera comprender la gravedad de la dependencia y avanzar con estrategias que garanticen mayor soberanía nacional en los diferentes campos de lo económico, lo político y lo social como reiteradamente planteamos los comunales y muchos otros sectores sociales y alternativos.
CRISIS FISCAL
Vemos muy grave el déficit presupuestal previsto por el señor Ministro de Hacienda para el próximo año que según sus propias declaraciones es superior a veinte billones de pesos. Este déficit en parte se explica por exagerado gasto el Gobierno central, el que se debe reducir drásticamente como a la rebaja de impuestos a grandes capitales nacionales e internacionales so pretexto de facilitar la inversión extranjera. Es cierto que se debe fomentar la inversión extranjera pero no a costa ni del tesoro nacional ni de gravar más a la industria y al comercio nacional y en general a los consumidores con impuestos indirectos como el IVA. Se debe avanzar hacia una reforma tributaria progresiva y democrática que sin excepciones grave más al que más tiene y más especula. Por ejemplo las ganancias del sector financiero por encima de los costos reales de intermediación y de la media mundial de ganancia neta deben ser consideradas ganancia ocasional y gravada en más del cincuenta por ciento.
MODELO DE DESARROLLO.
Por todo lo anterior, consideramos que los sectores sociales y populares en general de Colombia debemos avanzar hacia un modelo de desarrollo alternativo que priorice el trabajo sobre el capital; al sector productivo sobre el especulativo; que restablezca el concepto de la banca de fomento; que proyecte al País hacia el mercado mundial a partir de recuperar la producción y los mercados internos, locales, regionales y nacionales; que establezca la seguridad alimentaria a partir de la soberanía alimentaria como responsabilidad fundamental del Estado y de todo gobierno; que estimule infinitamente el desarrollo técnico y científico nacional dedicando por lo menos el cinco por ciento del presupuesto nacional a este campo, con gran énfasis en el desarrollo biotecnológico; que respete los principios trasversales ambientales ,de equidad y genero y que todos estos y otros aspectos fundamentales se plasmen en un plan de desarrollo estratégico a largo plazo construido desde las regiones y la sociedad civil hacia el centro, como estrategia nacional de paz, convivencia y desarrollo.
EN EL CAMPO POLITICO
Vemos con desconcierto que un alto porcentaje de la clase política y del Congreso aparezca comprometida con actores ilegales y que no obstante su ausencia de credibilidad ante la opinión pública nacional aprueben una reforma política que fortalece el monopolio de la política en los partidos excluyendo cada vez más espacios para que los sectores sociales y alternativos nos podamos expresar y buscar escenarios de poder en términos de igualdad. Colombia necesita una auténtica reforma política que prohíba la financiación particular de las campañas; que obligue a los candidatos a construir mandato con los electores y ciudadanos reservando a estos la facultad de la revocatoria fácil si incumplen; que garantice pleno acceso de los sectores sociales a los medios de comunicación masiva; que establezca la posibilidad de que los planes de desarrollo y los prepuestos sean aprobados directamente por los ciudadanos en asambleas o referendos; que establezca la ejecución de recursos directamente con las organizaciones comunales y ciudadanas en procura de mayor eficiencia de la inversión pública prohibiendo la ganancia privada con estos recursos; que establezca la iniciativa ciudadana en los referendos y consultas populares, en fin una reforma política que de instrumentos a los ciudadanos para que accedan al poder y revoquen el de los elegidos y no una simple reforma electoral o de partidos como la que se acaba de aprobar.
Igualmente nos preocupa que durante los presentes años el Congreso de la República se ocupe principalmente de sus disputas internas entre los parlamentarios y o con el Gobierno y otros poderes del Estado y abandonen temas fundamentales del presente y del futuro de la Nación como un plan de desarrollo alternativo frente a los problemas económicos nacionales y la crisis mundial; como resolver de fondo los problemas del hambre y de la seguridad y soberanía alimentaria; o de los desplazados o del conflicto o de las víctimas del conflicto, etc.
Por eso consideramos que, en el marco de nuestros principios y convicciones comunales, nuestras organizaciones debemos seguir buscando incidencias en las decisiones a través del mandato programático a los candidatos por medio de actas de compromiso y planes de desarrollo ciudadanos o trochas ciudadanas; participando activa y masivamente en la discusión de los planes de desarrollo, de los presupuestos y en la ejecución de los recursos públicos con eficiencia y transparencia como lo sabemos hacer los comunales.
De manera especial llamamos a todas las federaciones, asociaciones, juntas y a cada dignatario y afiliado comunal para que organicemos la presentación de candidatos propios a las próximas elecciones tanto nacionales como territoriales para lo cual consideramos que el mecanismo más expedito es la inscripción de candidatos con firmas. Es cierto que un escollo que tienen las inscripciones con firmas son las pólizas que deben firmar los candidatos sobre lo cual trabajaremos con una compañía de seguros para que expida estas pólizas facilitando los requisitos y a bajos costos o avanzaremos hacia la creación de nuestra propia compañía de seguros para superar este problema.
DERECHOS HUMANOS
No obstante los reiterados anuncios del Gobierno Nacional sobre algunas mejoras en los temas de derechos humanos en Colombia, lo cierto es que sigue siendo un tema de la mayor gravedad para millones de colombianos. Un indicador de esta gravedad son los reiterados anuncios de organismos especializados en el sentido de que en Colombia hoy existen más de cuatro millones de desplazados y de que siguen siendo graves los asesinatos y desapariciones contra dirigentes sociales y de derechos humanos.
Si bien son necesarias medidas concretas para proteger a centenares de dirigentes sociales en riesgo por su condición de dirigentes, ante todo reclamamos una política pública del Estado que respete, reconozca y apoye nuestra labor de dirigentes. En este sentido una vez más rechazamos las declaraciones del general Oscar Naranjo, comandante director Nacional de la Policía, a través de la Cadena Radial Caracol el 26 de Marzo comprometiendo a organizaciones comunales con panfletos de oscuro origen. Una vez más exigimos rectificación a esas declaraciones.
En especial expresamos nuestra preocupación y desacuerdo con que el Congreso de la República al finalizar el presente período de sesiones a la vez que archiva una ley en beneficio de todas las víctimas del conflicto, apruebe otro con el llamado “principio de oportunidad” reivindicando a los victimarios. Son decisiones que niegan los más elementales principios de los Derechos humanos y del Derecho Internacional Humanitario suscritos por el Estado colombiano. Estas decisiones son tan graves para los derechos humanos tanto en el contexto interno como en el internacional que provocaron el rechazo de la oficina de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Colombia en enérgica declaración del 23 de Junio de 2009.
SERVICIOS PUBLICOS
Seguimos viendo con mucha angustia que las tarifas de los servicios públicos se hayan convertido en el grillete de la nueva esclavitud de las empresas de servicios controladas por nacionales y multinacionales contra los usuarios obligados a pagarlas so pena de que de inmediato se les suspenda un servicio vital sin que tenga otra opción de supervivencia inmediata , en especial para los pobladores de las zonas urbanas y suburbanas. Debemos registrar que hoy los estratos dos tres y cuatro que somos cerca del 80% de la población colombiana desembolsando más dinero por los servicios públicos y sociales que para la compra de alimentos, situación que se puede resolver con un concepto social y democrático de estos servicios como propiedad estatal o solidaria y con formas de servicios alternativos suministrados a partir de las propias comunidades. Estos servicios no pueden seguir siendo un fácil y suculento negocio del capital especulativo.
Por esta razón seguiremos nuestra lucha para que los servicios públicos y sociales sean una responsabilidad social del Estado y para que el Estado asuma la responsabilidad suministrar todos los servicios vitales a toda la población cobrando tarifas de acuerdo a su nivel real de ingresos pero que de todas maneras por ningún motivo se puedan suspender. Igualmente para que el Estado apoye los proyectos comunitarios de servicios vitales alternativos.
De otra parte expresamos nuestro desacuerdo con las políticas nacionales que le pretenden arrebatar los acueductos que aún permanecen bajo la propiedad y administración de las organizaciones comunales o presionan la entrega de los acueductos municipales a particulares por debajo de su precio En este sentido consideramos que la Superintendencia de Servicios Públicos no es defensora como debiera ser de los intereses de los usuarios sino de los empresarios y de las privatizaciones, políticas que se deben replantear. Igualmente se deben estructura las tarifas eliminando los cargos fijos y estableciendo unas variables que realmente respondan a los costos de generación y distribución del servicio. En este sentido seguiremos trabajando por la revocatoria de las Leyes 142 y 143 sobre servicios públicos.
En este sentido y para fortalecer la conciencia y organización ciudadana estamos construyendo los caminos que nos conduzcan a un Congreso y a congresos o eventos departamentales y municipales de análisis y propuestas frente a este tema de los servicios públicos. En este momento invitamos a participar en la Cumbre Social que estamos convocando y organizando las organizaciones sociales y alternativas de Colombia para los días 21, 22 y 23 de Agosto de 2009. Invitamos a los comunales para que se vinculen a los eventos preparatorios y preparen su participación en el Encuentro Nacional.
INSTITUCIONALIDAD DEMOCRATICA
Al rechazar toda forma de violencia, reiteramos nuestro estricto apego a la institucionalidad democrática, al Estado de Derecho y en especial a la Constitución Política de 1991. Por eso consideramos que no es ético inducir cambios constitucionales ni legales en beneficio particular.
También expresamos nuestra vergüenza por que instituciones del Estado estén comprometidas en casos tan reprochables como los llamados “falsos positivos” por lo que procede intensificar la formación y las pruebas teóricas y prácticas de éticas a todos los integrantes de nuestra fuerza publica y funcionarios del Estado, pruebas que se deben implementar con mecanismos modernos existentes, a la vez que se deben continuar a fondo las investigaciones para que se castigue a los culpables materiales e intelectuales.
Consideramos que el Estado debe dar mayor importancia a la seguridad social y ciudadana, pues hoy el mayor número de victimas violentas que son cerca del 90% en el País, se generan en esta inseguridad principalmente por problemas sociales, por el desempleo y miles de desmovilizados sin la debida atención y control del Estado.
INICIATIVAS LEGISLATIVAS.
Seguiremos apoyando el referendo del agua en su texto original e invitamos al Congreso para que lo retome y apruebe como fue presentado inicialmente.
A la vez que agradecemos a la Comisión Séptima del Senado por la aprobación dada al final de la presente legislatura a los proyectos de Ley 046 y 047 de 2008 sobre contratación comunal solidaria y amnistía o condonación de deudas de las organizaciones comunales por concepto de retención en la fuente, solicitamos a la alta corporación legislativa su tramite y aprobación definitiva en sus versiones originales nuestras.
Igualmente solicitamos su apoyo para nuestros proyectos de Ley a radicar en la próxima legislatura sobre bienes y propiedades solidarias. En especial solicitamos al Congreso solamente dar trámite debido a los proyectos de Ley relacionados con las organizaciones e interés comunales que sean validados por nuestra organización nacional.
En el marco del pluralismo y la diversidad que nos caracteriza, la Confederación Nacional Comunal de Colombia seguirá representando de la mejor manera los más altos y legítimos intereses de nuestras organizaciones y de la población colombiana
Por cuanto la riqueza más importante de un pueblo, de una comunidad es su propia organización pluralista y democrática como en efecto es la nuestra, llamamos a todos los comunales del País a permanecer y fortalecer la organización en torno al estudio, el análisis y la reflexión colectiva sobre los diferentes temas locales, nacionales e internacionales que de alguna manera afectan nuestra cotidianeidad y al fortalecimiento de la integración comunitaria pronunciándonos y actuando con la comunidad y con los medios en cada caso.
ASAMBLEA NACIONAL DE DELEGADOS
CONFEDERACION NACIONAL DE ACCION COMUNAL
Bogotá Junio 23 de 2009.
